El 24 de marzo de 1976 las Fuerzas Armadas protagonizaron en Argentina un golpe de Estado que derrocó al gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón. La dictadura que se instauró en el país disolvió el Congreso, cerró el parlamento, prohibió las elecciones y el funcionamiento de los partidos políticos, no permitió la actividad sindical, anuló la libertad de expresión y suspendió las garantías constitucionales.
Esta no fue la primera dictadura que atravesó la Argentina, pero sí la única que se denominó terrorismo de Estado y se extendió desde 1976 hasta 1983. Puso en funcionamiento más de 700 centros clandestinos de detención, tortura y exterminio que se instalaron en distintos lugares del país y dentro de los cuales se llevó adelante la detención ilegal de las personas secuestradas, la tortura, los delitos sexuales, el asesinato y la posterior desaparición, y la apropiación de niñas y niños.
El ejercicio sistemático del terror buscaba eliminar a las personas que consideraba adversarias políticas del régimen militar, pero también se propuso disciplinar y amedrentar a la sociedad en su conjunto. Además de la violencia, ejercida por fuera de todo marco legal, fueron implementadas otras acciones represivas contra la población como la vigilancia, la censura, la persecución, la prisión política en cárceles comunes y el exilio forzoso.
En ese contexto, los organismos de Derechos Humanos desplegaron diferentes acciones para visibilizar en la opinión pública nacional e internacional la existencia de presas y presos políticos, de personas desaparecidas, de niñas y niños apropiados, y reclamar su aparición con vida. La lucha sostenida de los organismos de Derechos Humanos, durante estos años, resultó clave para la recuperación de la democracia y para poder conocer los alcances de las violaciones a los derechos humanos perpetradas por la dictadura.
